Piñera también plantea revisar el periodo presidencial

En el ítem dedicado a las instituciones y el Estado se plantea una serie de cambios que buscan retrotraer algunas modificaciones realizadas hace unos años y otras a favor del fortalecimiento institucional.

La primera de ellas habla de la revisión de los años de gobierno de la máxima autoridad del país -hoy cuatro-, la que también está acompañada por un repaso a los límites de la reelección de las autoridades políticas, y a la vez volver al número de 120 diputados, y pasar a 40 senadores.

Otro de los puntos sugiere actualizar y robustecer la Contraloría General de la República, que implica la promulgación de una nueva Ley Órganica que entre sus apreciaciones faculte a la entidad de la fiscalización del Congreso Nacional, de forma de indagar en el parlamento en pos de la pertinencia, la transparencia y los gastos que se incurren en ambas cámaras.

Respecto a este tema, el proyecto plantea modernizar el gobierno corporativo del Congreso y fortalecer sus capacidades a través de una regulación a los usos de urgencia del Ejecutivo, y otras medidas como la creación de la Oficina de Presupuestos del Congreso. También se anuncia la creación del consejo de Presidentes de la República y construcción del Museo de la Democracia.

Adicionalmente, se hará una reforma a la Constitución que velará por la responsabilidad fiscal, con un plan de austeridad que amparará el congelamiento de contrataciones en la administración pública, los gastos de viáticos y horas extras y los sueldos pagados a los asesores ministeriales.

Lo que también contemplará una reducción en 10% del gasto a asesores a honorarios, agregando la terminación de la renovación innecesaria de vehículos y equipos y una fiscalización más estricta a los viajes de funcionarios públicos y municipales en el extranjero.

El gobierno de Piñera contemplaría llevar los servicios del Estado a la era digital, con el Plan de Digitalización Universal de Trámites y el programa de interoperabilidad de servicios del Estado, de esta manera el gobierno dejará de exigir documentos que se encuentren en la base de dato de éste.